En el marco de una recorrida por distintos puntos del interior del país, Graciela Álvarez, candidata al directorio del Banco de Previsión Social (BPS) por la representación empresarial, presentó las principales propuestas de la Lista 21, que integra como titular. Entre sus prioridades, destacó la necesidad de atender especialmente la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), promover mecanismos de pago más flexibles para las empresas endeudadas y fortalecer la educación en seguridad social.
Álvarez sostuvo que, si bien la representación empresarial debe contemplar al conjunto de las empresas, considera fundamental poner especial énfasis en las mipymes, a las que definió como el sector más desprotegido entre los aportantes al organismo.
Según señaló, estas empresas representan más del 99 % de los aportantes empresariales y, a través de su actividad individual y colectiva, contribuyen de manera significativa al sostenimiento de la economía nacional.
Uno de los principales planteos de la candidata refiere a las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas cuando acumulan deudas con el BPS. Advirtió que las multas, los recargos y las obligaciones pendientes pueden convertirse en montos prácticamente impagables, dificultando la continuidad de los emprendimientos dentro de la formalidad.
“Un pequeño empresario que deja de pagar ya tiene muchas dificultades para volver después a la formalidad”, explicó. Esta situación, agregó, genera consecuencias tanto para el propio emprendedor como para el sistema previsional y para las demás empresas que cumplen regularmente con sus obligaciones.
En ese sentido, consideró que los regímenes de facilidades de pago deben ser más flexibles y contemplar las particularidades de cada actividad y territorio.
“Una ley general no puede contemplar las realidades de cada uno, porque no es la misma la realidad de Artigas, que la de Salto, Colonia, Las Piedras o Montevideo. Tampoco es lo mismo la actividad rural que la actividad instalada en una ciudad”, expresó.
Para Álvarez, los convenios de pago deben diseñarse de manera que las empresas puedan cumplirlos efectivamente y sostener sus aportes en el tiempo, evitando que vuelvan a caer en incumplimientos pocos meses después de acordar una solución.
La candidata sostuvo que este enfoque beneficiaría tanto al BPS, al permitir recuperar deudas que de otra manera podrían resultar incobrables, como a los trabajadores, que necesitan mantener sus aportes para acceder en el futuro a las prestaciones correspondientes.
Por ello, planteó avanzar hacia mecanismos que permitan estudiar cada situación y ajustar las condiciones de pago a la capacidad real de cada empresa.
Otra de las propuestas centrales de la Lista 21 consiste en incorporar la educación en seguridad social desde las primeras etapas de la formación educativa.
Álvarez consideró necesario que los contenidos vinculados con los derechos y las obligaciones en materia de seguridad social se aborden desde la escuela y continúen en el liceo, para que los ciudadanos conozcan el funcionamiento del sistema antes de incorporarse al mercado laboral o iniciar un emprendimiento.
Asimismo, planteó que el BPS debe asumir un papel más activo en la información y capacitación de quienes desean desarrollar una actividad empresarial.
Explicó que, en ocasiones, una persona inicia un emprendimiento sin conocer adecuadamente las obligaciones tributarias y previsionales que deberá afrontar. Esto puede llevar a que los costos resulten difíciles de sostener, especialmente durante las primeras etapas de actividad.
La candidata recordó que no todos los emprendedores cuentan con recursos suficientes para contratar desde el comienzo estudios jurídicos o equipos de asesores especializados.
Por ese motivo, sostuvo que el organismo debe brindar orientación y herramientas que permitan conocer los pasos necesarios para formalizar una empresa, comprender sus obligaciones y planificar su funcionamiento.
Consultada sobre la posibilidad de implementar estas iniciativas, indicó que existe margen para avanzar mediante decisiones del propio directorio del BPS y la coordinación con los organismos responsables de la enseñanza pública y privada.
También hizo referencia al Centro de Estudios en Seguridad Social del organismo, al que consideró una herramienta importante para impulsar este tipo de propuestas.
Durante la entrevista, Álvarez también manifestó su preocupación por la falta de información sobre las elecciones de representantes sociales en el directorio del BPS.
Señaló que, a través de las redes sociales, observa expresiones de descontento y consultas de ciudadanos que desconocen quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y cuál es la importancia de la votación.
Ante esta situación, recordó que la elección de representantes sociales responde a un mandato constitucional y permite que empresarios, trabajadores activos y jubilados y pensionistas elijan directamente a quienes los representarán en un organismo que incide en distintos aspectos de la vida de la población.
“Hay que tomar conciencia de que sí, hay que opinar, hay que votar. Para eso, los candidatos tenemos que hacer conocer nuestras propuestas”, expresó.
Álvarez señaló que la recorrida por el interior tiene precisamente ese objetivo: acercar las propuestas a la ciudadanía, promover el intercambio y contribuir a que los electores cuenten con más información al momento de decidir.
La candidata reafirmó que su propuesta busca poner en el centro de la discusión la realidad de las pequeñas empresas, mejorar las posibilidades de cumplimiento de las obligaciones previsionales y fortalecer el conocimiento de los derechos y deberes en materia de seguridad social.
En ese marco, defendió un BPS que, además de recaudar y administrar las prestaciones, tenga una mayor capacidad de orientar, capacitar y acompañar a quienes contribuyen al sistema.
